Una declaración de un historiador de Nogolí abrió un debate que hasta ahora no parecía estar instalado en la comunidad. Detrás de sus palabras hay una carta enviada al gobernador de San Luis, con copia a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Turismo y Cultura, en la que se advierte sobre el estado de la histórica vivienda de Juan Wenceslao Gez y se cuestiona la situación jurídica y administrativa del inmueble.
“Mi abuelo y mi padre jamás pisarían ese lugar usurpado”.
La frase, contundente y difícil de pasar por alto, fue expresada por un licenciado e historiador de Nogolí al referirse a la Casa Histórica de Juan Wenceslao Gez. Pero, ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Por qué una persona vinculada con la historia local sostiene que existe una situación irregular alrededor de un inmueble que debería formar parte del patrimonio de la comunidad?
Al consultarle los motivos, explicó que su afirmación estaba relacionada con una presentación formal dirigida al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, en la que se expone una serie de antecedentes y cuestionamientos sobre el destino de la propiedad.
La carta lleva fecha del 3 de septiembre de 2026 y está firmada por el licenciado Juan José Gallinares Videla, en representación de la Fundación Museo Histórico y Etnográfico de Nogolí y de vecinos preocupados por la situación de la casa.
El documento no se limita a señalar problemas de mantenimiento. Plantea una historia que, según su autor, comenzó hace más de una década y que hoy genera interrogantes sobre el acceso público, la administración y la situación registral del inmueble.
Una casa histórica que, según denuncian, terminó cerrada y deteriorada
La vivienda perteneció a Juan Wenceslao Gez, reconocido historiador y educador sanluiseño. Por su valor histórico y cultural, su preservación representa una cuestión que excede a cualquier diferencia entre particulares: se trata de un lugar ligado a la memoria de Nogolí y de toda la provincia.
Sin embargo, la carta describe un escenario preocupante. Señala que la propiedad se encuentra en estado de abandono, que se cayó el portón principal de chapa y que también cedió una parte de la pared del frente. Incluso menciona que se estaban realizando reparaciones precarias utilizando los mismos ladrillos que se habían desprendido.
Pero el cuestionamiento principal no está solamente en el deterioro edilicio. El escrito plantea que la casa habría quedado cerrada al público y que, con el paso del tiempo, se habría generado una situación de hecho alrededor de su posesión y administración.
Lo que ocurrió en 2010 y las llaves que pasaron por el municipio
Uno de los puntos centrales de la presentación se remonta al año 2010.
Según relata Gallinares Videla, en aquel momento Enrique F. Gez, señalado como responsable de la propiedad, entregó la casa y sus llaves de acceso al Municipio de Nogolí.
La carta sostiene que esas llaves pasaron por distintas gestiones municipales y que, de acuerdo con lo que le habría manifestado la entonces intendenta Claudia Pineli en 2020, habían quedado bajo su resguardo.
Posteriormente, durante esa gestión, se habría retomado el diálogo con Enrique Gez sobre el destino que debía tener la propiedad, con la intervención de Raúl Alberto Fourcade.
El autor de la presentación hace una aclaración importante: afirma que, según los registros de Rentas que menciona en la carta, el inmueble figura a nombre de los herederos de Juan W. Gez.
A partir de allí comienza el tramo más delicado de la denuncia.
Las acusaciones que aparecen en la carta
En el documento, Gallinares Videla sostiene que Raúl Fourcade habría pasado a ejercer la posesión de la propiedad, argumentando que Enrique Gez tenía la intención de convertirla en una casa cultural.
El firmante cuestiona que, según su versión, no existiría documentación que respalde esa situación y afirma que la vivienda habría sido cerrada al público.
También menciona un intento de realizar una nueva mensura que, según denuncia, habría dejado de lado a los herederos, y advierte sobre una posible usucapión, es decir, un procedimiento por el cual alguien puede intentar adquirir un inmueble mediante la posesión durante el tiempo y bajo las condiciones que establece la ley.
Se trata de señalamientos de extrema gravedad que requieren documentación y una explicación de las personas involucradas. La carta, por sí sola, no permite establecer que haya existido una usurpación ni que se haya concretado una apropiación irregular.
El dato del medidor eléctrico: ¿a nombre de quién está la casa?
Uno de los elementos concretos que el firmante incorpora en su presentación es el servicio de electricidad.
La carta identifica el medidor de la vivienda con el número de NIS 1126375 y afirma que figura a nombre de Raúl Fourcade. El autor contrasta ese dato con un cartel que, según relata, había estado colocado en el portón y que atribuía la responsabilidad del lugar a la Junta de Historia de San Luis.
Esta aclaración es importante porque el propio firmante señala que no dirige su cuestionamiento contra la Junta de Historia, sino que pone el foco en la situación que describe respecto de Fourcade y en quién aparece como titular del suministro eléctrico.
El dato deberá ser corroborado ante la empresa prestataria y puesto en contexto: la titularidad de un servicio eléctrico, por sí sola, no determina quién es el propietario de un inmueble ni acredita derechos sobre él.
La carta también cuestiona la conformación de una asociación civil vinculada con la casa y afirma que habría sido integrada por personas que, según el autor, no forman parte de los herederos de la propiedad.
Una presentación ante el gobernador y organismos provinciales
Después de exponer estos antecedentes, el licenciado Gallinares Videla solicita la intervención del gobernador Claudio Poggi.
La presentación también tiene copias dirigidas a la Defensoría del Pueblo de San Luis y al Ministerio de Turismo y Cultura.
En el tramo final, el firmante sostiene que la casa no necesita cambiar de propietario, sino recibir mantenimiento, ser abierta al público y convertirse en un espacio cultural y turístico que pueda contribuir al desarrollo de Nogolí.
La propuesta apunta a recuperar el inmueble como un lugar de encuentro con la historia, la educación y el patrimonio provincial.
La carta también expresa preocupación por la posibilidad de que la comunidad pierda otro espacio histórico, si no se toman medidas para preservarlo.
Una pregunta que Nogolí merece que se responda
La discusión sobre la Casa de Juan W. Gez no debería quedar reducida a una frase, a una diferencia personal o a una disputa entre quienes sostienen distintas versiones.
Hay preguntas concretas que necesitan respuestas públicas:
¿Cuál es actualmente la situación registral y jurídica del inmueble?
¿Qué documentación existe sobre la entrega de las llaves al municipio en 2010?
¿En qué condiciones se encuentra hoy la propiedad y quién tiene a su cargo su mantenimiento?
¿Por qué permanece cerrada al público, si ese fue efectivamente su destino?
¿Qué alcance tiene la mensura mencionada en la presentación?
¿Existe algún trámite judicial o administrativo relacionado con la posesión o la titularidad?
¿Qué intervención tuvieron o tendrán los organismos provinciales?
También resulta necesario escuchar a Raúl Fourcade, a los herederos de Juan W. Gez, al Municipio de Nogolí y a la Junta de Historia de San Luis para conocer sus respectivas versiones y la documentación que puedan aportar.
Porque si la casa fue pensada como un espacio cultural para la comunidad, lo que corresponde es que esa finalidad pueda sostenerse con claridad, transparencia y respaldo legal.
La Casa de Juan W. Gez no puede convertirse en un lugar que los vecinos solamente conozcan por fotografías o por relatos del pasado.
Su historia pertenece a la memoria de Nogolí. Y su futuro necesita algo más que buenas intenciones: necesita explicaciones, documentación, mantenimiento y decisiones que permitan saber qué sucede realmente detrás de sus puertas cerradas.
Desde Belgrano Al Día ponemos esta situación en conocimiento de la comunidad porque creemos que el patrimonio histórico merece ser cuidado y que los interrogantes planteados deben tener respuestas. No se trata de condenar a nadie antes de tiempo, sino de conocer la verdad sobre un espacio que forma parte de la identidad de Nogolí.
¿Qué pasó con la Casa de Juan W. Gez y quién debe garantizar que vuelva a estar al servicio de la comunidad?