La aprobación de la necesidad de reformar parcialmente la Constitución de San Luis abre ahora una discusión que va mucho más allá de los artículos que eventualmente serán modificados.
La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto con 30 votos a favor y 13 en contra. Esto no significa que la Constitución haya sido reformada: se habilitó el proceso para que una Convención Constituyente, integrada por 52 representantes elegidos por el voto popular, discuta los cambios autorizados.
Y justamente ahí aparece la pregunta que debería estar en el centro del debate: ¿cómo se garantiza que el poder tenga límites y que el ciudadano conserve herramientas reales para controlarlo?
Una reforma constitucional puede ser una oportunidad para modernizar las instituciones, fortalecer la Justicia, mejorar los organismos de control, proteger recursos estratégicos como el agua e incorporar nuevos derechos. El proyecto contempla, entre otros puntos, límites a la reelección del gobernador, modificaciones electorales, cambios en el funcionamiento legislativo y nuevas reglas para distintos organismos del Estado.
Pero no alcanza con hablar de limitar al gobernador. También hay que discutir cómo se controla al Ejecutivo mientras gobierna.
Uno de los puntos que merece especial atención es la eliminación de las elecciones legislativas de medio término. La propuesta plantea que Diputados y Senadores se renueven completamente cada cuatro años, coincidiendo con la elección de gobernador.
Hay argumentos a favor: reducir la cantidad de elecciones, disminuir costos y evitar que los gobiernos estén permanentemente atravesados por campañas.
Pero también existe una pregunta legítima que no debería esquivarse:
¿qué herramienta tendrá el ciudadano para modificar la composición de la Legislatura si, a mitad de un gobierno, considera que necesita mayor control sobre el Poder Ejecutivo?
Porque el equilibrio de poderes no se construye solamente estableciendo cuánto tiempo puede permanecer una persona en la Gobernación. También se construye con Legislaturas capaces de debatir, controlar y marcar límites.
Y aquí aparece otro punto especialmente delicado: el proyecto contempla una cláusula transitoria que extendería hasta 2031 los mandatos de los legisladores elegidos en 2025, cuyos períodos originalmente terminaban en 2029.
Ese aspecto merece una explicación pública, clara y profunda.
Si los ciudadanos eligieron representantes bajo determinadas reglas y por un determinado período, cualquier modificación posterior de esas condiciones debería ser explicada con absoluta transparencia y debatida con especial cuidado.
La Constitución no pertenece al gobernador de turno.
Tampoco pertenece a la Legislatura.
Y mucho menos a un partido político.
La Constitución pertenece a los ciudadanos de San Luis.
Por eso, quienes ocupan una banca tienen una responsabilidad que excede la disciplina partidaria: deben explicar qué están votando, qué consecuencias puede tener y qué mecanismos de control conservará la sociedad.
No se trata de estar a favor o en contra de una persona.
Se trata de preguntarnos qué instituciones queremos construir para cuando gobierne alguien que pensamos distinto.
Porque las reglas de una Constitución no deberían diseñarse pensando solamente en quién ocupa hoy el poder. Deben servir también cuando cambie el gobernador, cuando cambie la mayoría legislativa y cuando cambien los partidos que gobiernan.
La reforma recién comienza.
Y quizás el debate más importante no sea solamente qué artículos se modifican, sino algo mucho más profundo:
¿Cómo hacemos para que ningún gobierno tenga demasiado poder y para que el ciudadano nunca pierda la posibilidad de controlarlo?
Ese debería ser uno de los principales debates de la reforma constitucional.
Y allí, más que nunca, la ciudadanía necesita representantes que expliquen, escuchen y rindan cuentas sobre cada decisión que tomen en su nombre.