La reforma parcial de la Constitución de San Luis dio un nuevo paso luego de que la Cámara de Diputados aprobara la declaración de necesidad y conveniencia de modificar la Carta Magna provincial. La votación terminó con 30 votos a favor y 13 en contra, y ahora el proceso continuará con la elección de convencionales constituyentes, quienes tendrán la responsabilidad de discutir y redactar los cambios habilitados.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Leyes, defendió la iniciativa y sostuvo que la Constitución vigente necesita adaptarse a una sociedad que cambió profundamente desde 1987.
“Los tiempos han cambiado y tenemos que estar acorde a ello, para mejorar la vida de la gente”, expresó.
El argumento resulta difícil de discutir en términos generales: las instituciones deben poder adaptarse a las transformaciones sociales, tecnológicas y políticas. Pero justamente por tratarse de la Constitución provincial, la discusión merece algo más que buenas intenciones.
Porque una Constitución no se reforma solamente para acompañar los tiempos. También se reforma para establecer límites, controles y reglas claras para quienes gobiernan.
¿CUÁNTO CONSENSO HUBO?
Desde el oficialismo se destaca que la iniciativa fue producto del diálogo entre los distintos bloques y que logró superar la exigencia de los dos tercios.
Sin embargo, los números también forman parte de la realidad: 13 diputados no acompañaron el proyecto.
Por eso, hablar de consenso requiere necesariamente reconocer que existieron diferencias políticas importantes. No significa que la reforma carezca de legitimidad, pero sí que el debate no fue unánime y que esas voces también deben formar parte de la discusión pública.
Leyes aseguró además que hubo numerosas reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y rechazó que haya existido falta de transparencia.
Ahora el desafío será que esa apertura continúe durante todo el proceso y que la sociedad pueda conocer con claridad qué se pretende cambiar y por qué.
LIMITAR EL PODER: UNA DISCUSIÓN CENTRAL
Uno de los puntos destacados por Leyes es el establecimiento de un límite de dos períodos consecutivos para el Gobernador, incluyendo una cláusula que alcanza al actual mandatario, Claudio Poggi.
Desde esa perspectiva, el oficialismo presenta la modificación como un mecanismo para evitar la permanencia indefinida en el poder.
Pero una democracia no se fortalece únicamente poniendo límites a la cantidad de mandatos de un gobernador.
También necesita Legislaturas independientes, Justicia con reglas claras, organismos de control efectivos y mecanismos que garanticen que ningún poder tenga herramientas excesivas frente a los demás.
Y allí aparece una de las preguntas que debería acompañar todo el debate:
¿La reforma realmente va a lograr un mejor equilibrio entre los poderes del Estado?
LOS CAMBIOS EN LA JUSTICIA
Leyes también destacó una modificación vinculada con la designación de jueces. Según explicó, la propuesta busca que el orden de mérito de las ternas sea respetado y que se reduzca la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la selección.
De concretarse de esa manera, sería un cambio relevante en términos institucionales.
Pero nuevamente, habrá que esperar a conocer la letra definitiva de las modificaciones para saber cómo funcionará en la práctica.
Porque entre lo que se anuncia políticamente y lo que finalmente queda escrito en una Constitución puede existir una diferencia enorme.
LA GENTE TAMBIÉN DEBE SER PARTE
Otro argumento utilizado para defender la reforma es el cansancio de la ciudadanía frente a los procesos electorales frecuentes. La propuesta de unificar las elecciones cada cuatro años apunta justamente a reducir esa cantidad de convocatorias.
Es un reclamo que puede ser escuchado.
Pero también existe otro cansancio ciudadano que debería estar presente en la discusión: el cansancio de sentir que las grandes decisiones se toman lejos de la gente y que muchas veces las promesas de cambio terminan sin resolver los problemas cotidianos.
Por eso, una reforma constitucional no debería quedar reducida a una pelea entre oficialismo y oposición.
UNA CONSTITUCIÓN NO ES DEL GOBIERNO: ES DE LA GENTE
La reforma recién comienza.
La Legislatura declaró la necesidad de modificar determinados aspectos y ahora será la Convención Constituyente, cuyos integrantes deberán ser elegidos por el voto popular, la que tendrá la responsabilidad de avanzar sobre esos cambios.
En ese camino, será necesario que el debate sea público, comprensible y accesible para todos.
Porque una Constitución no pertenece a un gobernador, a un diputado ni a un partido político.
Pertenece a todos los sanluiseños.
Y si el objetivo es realmente “mejorar la vida de la gente”, como sostiene el oficialismo, la mejor manera de demostrarlo será construyendo una reforma que no solamente modernice las instituciones, sino que también controle al poder, proteja al ciudadano y garantice que quien gobierna tenga límites claros.
Ahí estará, probablemente, la verdadera discusión que viene.