Monseñor Gabriel Barba y el área de Ecología Integral de la Diócesis expresaron su preocupación por la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La discusión abre una pregunta de fondo: cómo proteger el territorio nacional sin reducir un tema complejo a consignas que no siempre explican qué está en juego.
El obispo de San Luis, monseñor Gabriel Barba, junto con el área de Ecología Integral de la Pastoral Social de la Diócesis, difundió un comunicado en defensa del territorio y la soberanía nacional. El documento, fechado el 10 de octubre, adhiere al reclamo que la Pastoral Social, Cáritas Argentina y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) habían difundido días antes.
El pronunciamiento expresa preocupación por el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales, y advierte sobre la posibilidad de que se produzca una venta de tierras a extranjeros sin los límites que establecía esa normativa.
Sin embargo, el tema requiere una distinción importante: la preocupación por la soberanía territorial es legítima como parte del debate público, pero las consecuencias concretas de una modificación legal deben explicarse con datos y precisiones, no solamente a partir de advertencias generales.
QUÉ PASÓ CON LA LEY DE TIERRAS
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía restricciones a la titularidad de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Entre sus principales disposiciones fijaba un límite del 15% para la titularidad extranjera a escala nacional, provincial y municipal o departamental, además de topes por nacionalidad y límites de superficie por titular.
El artículo 154 del DNU 70/2023 dispuso la derogación de ese régimen. La discusión llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 29 de septiembre se pronunció en una causa vinculada con la aplicación de esa norma.
Posteriormente, el 9 de octubre, el máximo tribunal suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 en otra causa. La medida es cautelar y no constituye una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la derogación. Por el momento, los límites de la ley volvieron a regir de manera provisoria mientras continúa el trámite judicial.
ENTRE LA SOBERANÍA Y LOS DATOS CONCRETOS
El comunicado eclesiástico sostiene que la defensa de la tierra está directamente relacionada con el bienestar de la población y pide a legisladores, autoridades ejecutivas y funcionarios judiciales que actúen en defensa del territorio nacional.
Pero el debate también exige revisar qué muestran los registros disponibles. Según los datos publicados por el Registro Nacional de Tierras Rurales, con actualización a agosto de 2025, ninguna provincia superaba el límite del 15% de titularidad extranjera establecido por la ley. Al mismo tiempo, la información oficial indicaba que más de treinta departamentos sí excedían ese porcentaje en su jurisdicción.
Los datos muestran que la situación no es uniforme en todo el país. Por eso, para evaluar los riesgos de una flexibilización, resulta necesario identificar dónde se concentra la titularidad extranjera, qué superficies están involucradas, qué recursos naturales contienen esos predios y qué mecanismos de control quedarían vigentes.
Hablar de una posible venta “sin límites” describe la preocupación de quienes rechazan la derogación, pero no reemplaza el análisis de las consecuencias legales y territoriales concretas. La discusión debe contemplar tanto la protección de recursos estratégicos como la transparencia de los registros y la capacidad efectiva del Estado para controlar las operaciones.
UN DEBATE QUE NO SE RESUELVE CON CONSIGNAS
El pronunciamiento de la Diócesis de San Luis se incorpora a una discusión nacional que involucra al Gobierno, la Justicia, organizaciones ambientales, comunidades indígenas y sectores políticos. El reclamo plantea una preocupación atendible: qué herramientas debe conservar el Estado para resguardar el territorio y los recursos naturales.
La cuestión pendiente es cómo traducir esa preocupación en políticas y controles verificables. ¿Qué garantías concretas deben existir para proteger tierras que contienen recursos estratégicos? ¿Cómo se controlará la titularidad real de los predios y la participación de capitales extranjeros? ¿Qué información pública permitirá conocer la evolución de esas operaciones?
La defensa de la soberanía no debería quedar reducida a una consigna, del mismo modo que la flexibilización de las normas no debería justificarse únicamente en nombre de la libertad económica. Ambas posiciones necesitan argumentos, datos y mecanismos de control que puedan ser examinados por la sociedad.
El comunicado del obispado suma una voz al debate. La responsabilidad de las autoridades, ahora, es ofrecer claridad sobre las reglas que regirán la propiedad de la tierra y sus consecuencias para las comunidades que viven y producen en esos territorios.